EDITORIAL H ace ahora apenas un mes y medio que el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta norma todavía tiene un largo proceso de tramitación por delante, y será determinante para decidir el devenir de la profesión farmacéutica y del acceso a los medicamentos en España. Una ley de este calado debe tener vocación de futuro y establecer un marco legal que permita afrontar con garantías y seguridad desafíos como la escasez de suministro de medicamentos, el envejecimiento y cronicidad de la población o las desigualdades sociales. Pero también debe saber conciliar los objetivos de sostenibilidad del sistema sanitario con la viabilidad de las farmacias, puesto que en ellas descansa la garantía de equidad territorial en el acceso a los medicamentos, y también la posibilidad de nuestro saturado sistema sanitario de poder ampliar sus capacidades asistenciales y de salud pública. El texto del anteproyecto introduce algunas medidas muy positivas de desarrollo profesional del farmacéutico, como su actuación en los llamados medicamentos de primera prescripción o la participación de farmacéuticos comunitarios en los comités de coordinación farmacoterapéutica de las Zonas Básicas de Salud. Sin embargo, de nada servirán estos avances profesionales si no se concilia la sostenibilidad del sistema sanitario con la viabilidad de las farmacias. Un equilibro que el texto del anteproyecto, en su actual redacción, no logra alcanzar, ya que junto a las medidas de avance profesional se establece un sistema de precios seleccionados que pondría en riesgo la viabilidad de un gran número de farmacias, que haría peligrar la adherencia a los tratamientos y agravaría los problemas de falta de suministro de medicamentos y las desigualdades en el acceso. Con esa firmeza lo hemos expresado de forma unánime todos los agentes de la cadena del medicamento solicitando al Ministerio de Sanidad medidas alternativas que permiten alcanzar la misma eficiencia sin generar estas distorsiones. El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y tras un proceso participativo en el que han colaborado todos los colegios de farmacéuticos provinciales, ha remitido al Ministerio de Sanidad más de 150 alegaciones al texto del anteproyecto de ley con el objetivo de reforzar el modelo español de Farmacia. Se trata de alegaciones que, además de instar a la supresión del sistema de precios seleccionados, buscan fortalecer el papel asistencial del farmacéutico estableciendo un marco regulador para los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales que garantice el acceso de los pacientes a estos servicios en condiciones de equidad en todas las autonomías. También hemos instado a que la futura ley facilite a los pacientes el acceso a los medicamentos de diagnóstico hospitalario y uso ambulatorio a través de las farmacias comunitarias y a reforzar la actual independencia que debe existir siempre entre quien prescribe y quien dispensa un medicamento, entre otras medidas. Hemos comenzado además un proceso de diálogo con el Ministerio de Sanidad, y confiamos en su sensibilidad y voluntad de mejorar el anteproyecto para afianzar un modelo que compatibilice la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con la viabilidad de las farmacias. Se trata de alegaciones que, además de instar a la supresión del sistema de precios seleccionados, buscan fortalecer el papel asistencial del farmacéutico estableciendo un marco regulador para los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales” Una ley que debe mejorar
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